Carta de Adecana en defensa de la caza social

El ejercicio de la actividad cinegética en Navarra, tal como viene impuesto en la actual Ley de Caza en Navarra, tiene un marcado carácter social basado en la que se practica desde hace muchos años de forma tradicional en esta Comunidad Foral, siendo esta junto con el aprovechamiento de una caza natural y pretendidamente sostenible lo que le diferencia de la mayor parte de las autonomías del estado español donde prima mas el aspecto económico y oneroso de la venatoria.

En base a ello, la caza en Navarra es practicada en cotos públicos de ayuntamientos cedidas a Asociaciones locales de cazadores, las cuales en su mayoría tienen presupuestos muy limitados al estar formadas por cazadores de los pueblos sin grandes capacidades económicas que disponen de sus tarjetas de caza a unos precios económicos.

Sin embargo, al parecer de Adecana, de un tiempo a esta parte el enfoque y puesta en practica de la gestión que debería debería tener en cuenta este enfoque social están alejándose cada vez mas de lo que marca la normativa.

Desde ADECANA venimos observando que en estos últimos años a los navarros les cuesta el cazar cada vez un mayor desembolso económico. Si a ello le unimos la lenta e inexorable destrucción de los habitats de la caza menor y la restricción de las especies que se pueden cazar, es lógico que cada vez mas cazadores otrora activos que estén abandonando la practica de la caza, así como el escaso número de jóvenes que empiecen a cazar ya que cada vez hay mas impedimentos para acceder a esta afición. Un indicativo claro de lo que está pasando es que de los 30.000 cazadores que había hace unos años actualmente estamos unos 26.000, y si nadie lo remedia seguirán bajando.

Centrándonos en las causas de este declive social, es de interés ahondar en los aspectos siguientes:

En primer lugar el cada vez mayor coste económico al que ascienden los Planes de Ordenación Cinegética. No es de recibo los importes que se cobran por los mismos, para el resultado que se obtiene de ellos.

En segundo lugar, el cada vez mayor incremento del precio de las adjudicaciones de los aprovechamientos cinegéticos por parte de los ayuntamientos, lo que está conllevando a que cada vez accedan a los mismos cazadores de otras comunidades con mayor disponibilidad económica.

En tercer lugar, el incremento cada vez mayor de los daños provocados por la fauna en la agricultura, principalmente en la zona sur de Navarra, los cuales dado que la responsabilidad sigue siendo objetiva por parte de los cazadores está provocando la devolución de los cotos a los ayuntamientos al serles imposible hacerse cargo de indemnizaciones millonarias a los agricultores afectados, con el problema que ello va a suponer para los cazadores de las zonas afectadas y la correcta gestión de esta especie tan necesaria para el equilibrio medioambiental.

Los cazadores no solo tienen que pagar una gran parte de los daños, sino también de la protección e instalación de los mecanismos para minimizarlos.

En cuarto lugar, el precio de los seguros de responsabilidad civil por los daños ocasionados por la fauna cinegética en las carreteras, los cuales, a pesar de que en base a lo dispuesto en el artículo 86,3 de la Ley de Caza y Pesca de Navarra, la Administración Foral está obligado a establecer una ayuda para apoyar económicamente el establecimiento de un mecanismo asegurador, que cubra la eventual responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de Navarra, lo cierto es que 6 años después de su promulgación sigue sin llevarse a efecto.

Y en quinto lugar, y esto creemos que va a ser la gota que colme el vaso, ya que esto va a romper definitivamente la viabilidad económica de muchas sociedades de cazadores que no disponen de los medios económicos para ello, es el empecinamiento de la Administración de imponer a las Sociedades de Cazadores un guarda de caza a partir del 1 de enero de 2012, con el consiguiente gasto que ello va a suponer de sueldos, seguridad social, seguros sociales, etc.

¿No es mas fácil que de haber un guarda este sea integral para todo el campo, este esté contratado por el titular del Coto que es el que mas estabilidad en el tiempo tiene, que en este caso son los ayuntamientos, cuyo costo se les subvencione en un 50% por parte de la administración, un 25% por parte de las entidades locales, y el otro 25% por parte de los cazadores a cargo de la inversión medioambiental que por ley están obligados a llevar a cabo?

¿No tenemos suficiente para la vigilancia de la caza en Navarra con la Patrulla ecológica de la Policía Foral, el Seprona, y el cuerpo de guardas del Departamento de Medio Ambiente. A nuestro entender, y el de la práctica totalidad de las Sociedades locales de Cazadores, el guarderío particular de las sociedades debe ser voluntario y no obligatorio.

Cada vez mas cazadores navarros y sociedades de cazadores se están poniendo en contacto con esta asociación manifestándonos su preocupación por el referido aumento de costos que el cazar está llegando a suponer y el excesivo intervencionismo que tienen por parte de la Administración.

Por todo ello, solicitamos al Gobierno de Navarra que tenga en cuenta los comentarios expuestos en este escrito y lleve a efecto los cambios oportunos para defender el carácter social que tradicionalmente ha tenido la caza en Navarra.

 

 

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